La SCJN invalida el cobro por registro de nacimiento en Coahuila. Conozca los efectos sobre la gratuidad del acta y las obligaciones del Registro Civil.
El Diario Oficial de la Federación publicó disposiciones con efectos directos en materia constitucional, fiscal local, presupuestaria, administrativa, electoral y de control de recursos públicos. Los siguientes asuntos requieren revisión prioritaria por sus plazos, efectos jurídicos inmediatos o riesgos de incumplimiento.
Índice de contenidos
1. La SCJN invalida el cobro por registro de nacimiento en Coahuila
Área constitucional y fiscal local
La Suprema Corte declaró inválido el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establecía un cobro de 150 pesos por el registro de nacimiento. La invalidez también se extendió a disposiciones que otorgaban estímulos fiscales sobre ese concepto.
Impacto práctico
El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta deben ser gratuitos, sin que la gratuidad pueda condicionarse a la edad de la persona, al registro oportuno o a requisitos administrativos adicionales.
La invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso local. Por ello, las autoridades estatales deben identificar esa fecha y ajustar sus sistemas de cobro, tarifas y criterios administrativos.
Fecha clave: La sentencia no fija una fecha general de efectos desde su publicación; estos iniciarán con la notificación de los resolutivos al Congreso local.
Recomendación: Revisar los cobros efectuados por el Registro Civil, los criterios de devolución que pudieran resultar aplicables y la adecuación de la legislación hacendaria estatal.
2. Veracruz deberá controlar y comprobar más de 559 millones de pesos destinados a salud pública
Área presupuestaria, sanitaria y fiscalización
El segundo convenio modificatorio celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz establece recursos e insumos por un monto máximo de $559,408,245.45.
La cantidad se integra por:
$53,408,648.01 en recursos presupuestarios federales.
$505,999,597.44 en insumos federales.
Los recursos se dirigirán, entre otros, a vacunación, VIH, hepatitis C, salud materna, aborto seguro, violencia de género, cáncer, dengue y vigilancia epidemiológica.
Impacto práctico
El convenio distingue entre recursos presupuestarios, insumos federales, donativos, aportaciones en especie y bienes vinculados con el FONSABI. Cada fuente debe contar con controles, registros y comprobación diferenciados.
La confusión contable o documental puede generar observaciones de auditoría, responsabilidades administrativas, reintegros o cuestionamientos sobre la aplicación de los recursos.
Fecha clave: El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Recomendación: Integrar una matriz de control por programa, fuente de financiamiento, monto, beneficiario, comprobación y responsable de ejecución.
3. Nuevo León deberá fortalecer el control de una obra educativa por 199.6 millones de pesos
Área de obra pública y contratación administrativa
El Gobierno de Nuevo León, la SICT, la SEP, el INIFED y el ICIFED celebraron un convenio para construir y equipar dos Centros de Bachillerato Tecnológico, con recursos de hasta $199,680,000.00, IVA incluido.
La SICT estará a cargo de la construcción y el INIFED de la adquisición e instalación del equipamiento básico y especializado.
Impacto práctico
El convenio exige el cumplimiento de procedimientos de licitación, contratación, supervisión, validación técnica, comprobación y fiscalización. Los contratistas deberán estar inscritos en el padrón único correspondiente.
El expediente de estimación debe ser integrado, revisado y validado antes de solicitar la instrucción de pago. Una vez cumplidos los requisitos, el convenio contempla el pago dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación del expediente respectivo.
Fecha clave: El plazo de pago de 10 días hábiles opera después de la integración y validación del expediente.
Recomendación: Revisar expedientes de contratación, estimaciones, avances físicos y financieros, permisos, garantías, padrones y soporte de los pagos.
4. El INDAABIN tiene 20 días hábiles para organizar la administración del Palacio Federal de Zamora
Área de bienes nacionales
El INDAABIN determinó administrar directamente el Palacio Federal de Zamora como Inmueble Federal Compartido, en la modalidad de Palacio Federal.
Impacto práctico
El inmueble será utilizado por diversas instituciones públicas, las cuales deberán participar en la organización de los espacios y cubrir las cuotas de conservación y mantenimiento que correspondan.
Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, el INDAABIN deberá designar al Administrador Único, instalar el Comité de Apoyo, gestionar los certificados de asignación de espacios y elaborar el programa anual de administración, operación y mantenimiento.
Fecha clave: El acuerdo entra en vigor el 5 de noviembre de 2026. El plazo de 20 días hábiles comienza a computarse a partir de esa fecha.
Recomendación: Preparar la designación del Administrador Único y revisar los convenios, cuotas y certificados de asignación que deberán formalizarse.
5. El nuevo Estatuto Orgánico del INSUS sustituye al régimen de 2020
Área administrativa, agraria y de gestión territorial
El nuevo Estatuto Orgánico del Instituto Nacional del Suelo Sustentable abroga el Estatuto publicado el 31 de enero de 2020 y reorganiza las atribuciones de la Junta de Gobierno, la Dirección General, las direcciones centrales y las representaciones regionales.
El Estatuto regula materias como:
Regularización de la tenencia de la tierra.
Escrituración.
Expropiaciones.
Desincorporación de propiedad federal.
Derechos de vía.
Donaciones.
Gestión del suelo.
Defensa jurídica.
Presupuesto y adquisiciones.
Impacto práctico
El Estatuto entra en vigor al día siguiente de su publicación y concede al INSUS un plazo de 90 días hábiles para expedir las disposiciones administrativas internas necesarias.
Las áreas jurídicas y administrativas deben revisar poderes, delegaciones, procedimientos, manuales, instrumentos jurídicos y expedientes que pudieran haber quedado vinculados al Estatuto anterior.
Fecha clave: Entrada en vigor el 5 de noviembre de 2026. Plazo de adecuación: 90 días hábiles.
Recomendación: Elaborar un diagnóstico de transición normativa y actualizar manuales, procedimientos, poderes, convenios y matrices de atribuciones.
6. El INEGI establece nuevas obligaciones para la entrega-recepción de cargos públicos
Área de responsabilidades administrativas y control interno
Los nuevos Lineamientos del INEGI regulan la entrega de recursos, archivos, bienes, información y asuntos pendientes cuando una persona servidora pública se separa de su empleo, cargo o comisión.
Impacto práctico
La persona saliente deberá formalizar el acta:
En un máximo de 15 días hábiles, como regla general.
En un máximo de 3 días hábiles, cuando corresponda el formato simplificado.
La persona entrante tendrá 30 días hábiles para revisar el contenido del acta y podrá solicitar aclaraciones. Si detecta posibles irregularidades, deberá comunicarlas a la autoridad investigadora.
Fecha clave: Los Lineamientos entrarán en vigor el 1 de febrero de 2027.
Recomendación: Las áreas de recursos humanos, archivos, administración y control interno deben actualizar formatos, capacitar al personal y verificar la operación del SIER antes de la entrada en vigor.
7. El INE publica el catálogo electoral de 4,048 emisoras
Área electoral y comunicación social
El INE ordenó publicar el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en los procesos electorales de 2026-2027 y durante el periodo ordinario de 2027.
El catálogo comprende:
2,344 emisoras de radio.
1,704 canales de televisión.
4,048 emisoras en total.
Emisoras que transmiten en lenguas indígenas y en idiomas distintos del español.
Impacto práctico
Las emisoras deberán transmitir las pautas notificadas por el INE y suspender la propaganda gubernamental durante las campañas, el periodo de reflexión y la jornada electoral, salvo las excepciones constitucionales.
Las excepciones incluyen información electoral, servicios educativos, servicios de salud y protección civil en casos de emergencia. Su contenido deberá respetar los principios de imparcialidad y ausencia de promoción personalizada.
Recomendación: Los concesionarios deben revisar su inclusión en el catálogo, cobertura, pautas, órdenes de transmisión y protocolos de suspensión de propaganda gubernamental.
8. Las aspirantes a la Correduría Pública tienen hasta el 20 de noviembre para presentar documentos
Área mercantil, profesional y fiscal
La Secretaría de Economía publicó una convocatoria dirigida a mujeres licenciadas en Derecho para presentar el examen de aspirante a la función de la Correduría Pública.
Entre los requisitos se encuentran:
Nacionalidad mexicana por nacimiento.
Título y cédula profesional.
Dos años de práctica profesional en correduría o notaría pública.
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del SAT con antigüedad máxima de un mes.
Impacto práctico
La falta de documentación o la presentación extemporánea impide continuar con el procedimiento. El examen se aplicará del 1 al 4 de diciembre de 2026, con una duración de 120 minutos y una calificación mínima de 70 sobre 100.
Fecha clave: Presentación de solicitudes y documentos hasta el 20 de noviembre de 2026.
Recomendación: Obtener de inmediato la opinión fiscal, validar la antigüedad de la práctica profesional y preparar los originales o copias certificadas exigidos.
9. Avisos judiciales con plazos de comparecencia y defensa
Área procesal, fiscal y de extinción de dominio
La publicación contiene diversos edictos de juicios de amparo, procedimientos civiles, laborales, penales, juicios de extinción de dominio y un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los plazos señalados incluyen:
15 días.
30 días.
30 días hábiles.
Plazos contados a partir de la última publicación del edicto.
También se publicó un juicio fiscal ante el TFJA relacionado con un crédito fiscal de $116,164,891.16 y un reparto de utilidades por $11,855,528.34.
Impacto práctico
La falta de comparecencia puede provocar:
Notificaciones posteriores por lista.
Preclusión de derechos.
Continuación del juicio sin la participación del interesado.
Pérdida de oportunidad para contestar, ofrecer pruebas u oponer defensas.
Recomendación: Identificar si algún cliente, tercero interesado, propietario, poseedor o autoridad aparece en los edictos y calcular el plazo desde la última publicación efectiva.
Conclusión
La publicación del 4 de noviembre de 2026 contiene asuntos que exigen atención diferenciada. La sentencia de la SCJN impacta directamente los cobros del Registro Civil en Coahuila; los convenios de salud y obra pública requieren controles presupuestarios y documentales estrictos; el INSUS y el INEGI enfrentan periodos de transición normativa; y el INE impone obligaciones específicas a los medios de comunicación durante el proceso electoral.
La prioridad debe establecerse con base en la fecha de notificación, la fecha de entrada en vigor y el vencimiento de cada plazo procesal o administrativo. En los asuntos judiciales, el cómputo debe realizarse a partir de la última publicación del edicto y conforme a la legislación procesal aplicable.
