El DOF fija hasta 90 días para reclamar bienes asegurados por la FGR. Acredite propiedad, posesión y origen lícito antes de perder derechos.
El Diario Oficial de la Federación publicó disposiciones con efectos relevantes para autoridades, empresas proveedoras, titulares de marcas, propietarios de bienes asegurados y operadores de recursos públicos. Los cambios más importantes generan plazos procesales, obligaciones de comprobación, riesgos de inhabilitación y ajustes inmediatos en procedimientos administrativos.
Índice de contenidos
1. La SCJN invalida requisitos para cargos de atención a pueblos indígenas y afromexicanos
Área: Constitucional y derechos humanos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 124/2025, invalidó el requisito de contar con “modo honesto de vivir” y la exigencia de tener un título profesional con antigüedad mínima de cinco años para ocupar la Dirección de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.
La invalidez también se extendió a requisitos equivalentes para direcciones municipales, incluyendo la exigencia de certificado de estudios no menor al nivel bachillerato.
Impacto: Las autoridades deberán abstenerse de aplicar los requisitos invalidados una vez que los puntos resolutivos sean notificados al Congreso estatal. Los procesos de designación deberán ajustarse a criterios objetivos, razonables y no discriminatorios.
Fecha clave: Los efectos jurídicos comienzan con la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Baja California Sur.
Recomendación: Revisar de inmediato convocatorias, nombramientos y expedientes de aspirantes relacionados con estos cargos. No aplicar los requisitos invalidados después de que surtan efectos las declaratorias.
2. La FGR tiene diez días hábiles para acreditar acciones de derechos humanos
Área: Penal, derechos humanos y responsabilidad administrativa
Los Oficios Circulares C/002/2026 y C/003/2026 instruyen al personal directivo de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Ciencias Penales a difundir códigos de conducta, reglas de integridad y la Recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
También se exige supervisar al personal, promover capacitación, colaborar con investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos y conservar constancias documentales.
Plazo clave: Las unidades deben informar las acciones realizadas dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de cada circular.
Impacto: La falta de difusión, supervisión o documentación puede generar responsabilidades administrativas y dificultar la acreditación institucional del cumplimiento de la recomendación.
Recomendación: Designar responsables, elaborar un calendario de difusión y capacitación, conservar listas de asistencia, materiales y acuses, y preparar el informe dirigido a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.
3. Propietarios de bienes asegurados tienen noventa días para evitar el abandono
Área: Penal, fiscal y aduanera
La FGR publicó diversos edictos sobre vehículos, inmuebles, numerario, armas, embarcaciones, hidrocarburos, maquinaria y otros bienes asegurados en carpetas de investigación.
Los propietarios, representantes legales o personas con interés jurídico deben manifestar lo que a su derecho corresponda y acreditar su relación legítima con los bienes.
Plazo clave: Generalmente, noventa días naturales contados a partir de la notificación o publicación indicada en cada edicto.
Impacto: Si no existe comparecencia o manifestación dentro del plazo aplicable, los bienes pueden causar abandono a favor del Gobierno Federal o de la Fiscalía General de la República. Además, los interesados deben abstenerse de realizar actos de dominio.
Recomendación: Revisar inmediatamente los edictos publicados, identificar bienes vinculados con clientes y preparar la documentación de propiedad, posesión, origen lícito, importación y trazabilidad comercial.
4. Licitaciones públicas con juntas y aperturas desde el 4 de noviembre
Área: Contratación pública y obra pública
La edición incluye convocatorias de IMSS, SEDENA, CFE, Pemex, FGR, SEP, Cámara de Diputados, UNAM, Banco de México, INEGI y entidades federativas.
Algunos procedimientos tienen juntas de aclaraciones o actos de presentación de propuestas desde el 4 de noviembre de 2026. También se publicaron procedimientos con reducción de plazos.
Impacto: La falta de registro en Compras MX, SISCEP o el micrositio correspondiente; la omisión de garantías; la presentación extemporánea o la falta de documentación técnica puede provocar el desechamiento de la propuesta.
Fechas relevantes: Hay juntas y aperturas programadas entre el 4 y el 20 de noviembre de 2026, dependiendo de cada convocatoria.
Recomendación: Los interesados deben:
Descargar las bases completas.
Verificar que el procedimiento siga abierto.
Confirmar su registro en la plataforma aplicable.
Revisar poderes, constancias fiscales y garantías.
Preparar muestras, visitas y documentación técnica.
Controlar las fechas y horarios de cada evento.
El resumen publicado en el DOF no sustituye la consulta de las bases completas.
5. El IMPI concede un mes para contestar una solicitud de caducidad de marca
Área: Propiedad industrial
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificó una solicitud de declaración administrativa de caducidad respecto de un registro marcario.
La titular del registro debe revisar el expediente, conocer los documentos presentados y manifestar lo que a su derecho convenga.
Plazo clave: Un mes, contado a partir del día hábil siguiente a la publicación.
Impacto: La falta de contestación puede dejar a la titular en una posición procesal desfavorable y aumentar el riesgo de que se declare la caducidad del registro.
Recomendación: Integrar pruebas de uso efectivo de la marca, facturas, contratos de licencia, publicidad, empaques, comercialización y demás documentos que acrediten la explotación del signo distintivo.
6. Puebla debe controlar y comprobar recursos federales por más de 645 millones de pesos
Área: Presupuestaria, administrativa y salud pública
El Segundo Convenio Modificatorio entre la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla contempla:
$53,005,905.72 en recursos presupuestarios federales.
$592,301,126.29 en insumos federales.
$645,307,032.00 como monto total.
Los recursos se destinan a vacunación, vigilancia epidemiológica, VIH, hepatitis C, salud materna, aborto seguro, violencia de género, cáncer, dengue, enfermedades cardiometabólicas y otros programas.
Impacto: La entidad debe controlar, aplicar, comprobar y reportar los recursos e insumos conforme al convenio y sus indicadores. Los donativos y bienes de terceros deben controlarse por separado.
Fecha clave: El convenio permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Recomendación: Realizar una conciliación inmediata entre recursos ministrados, insumos recibidos, cuentas bancarias, metas, entregas y documentación comprobatoria. También debe integrarse un expediente específico para auditorías y revisiones posteriores.
7. Entran en vigor nuevas reglas del Programa de Vivienda Social
Área: Administrativo y desarrollo social
La SEDATU modificó las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2026.
El contenido específico se encuentra en el anexo del acuerdo, por lo que deben revisarse los cambios en requisitos, criterios de elegibilidad, asignación de apoyos, comprobación y seguimiento.
Fecha clave: Entra en vigor el 4 de noviembre de 2026.
Impacto: La aplicación de reglas anteriores puede generar errores en la asignación de apoyos, pérdida de beneficios, observaciones administrativas o responsabilidades para las unidades ejecutoras.
Recomendación: Comparar las reglas anteriores y modificadas, actualizar formatos y manuales internos, y comunicar los cambios a beneficiarios y responsables operativos.
Conclusión
La edición del DOF del 3 de noviembre de 2026 contiene obligaciones con plazos breves y efectos relevantes en materia de derechos humanos, contratación pública, propiedad industrial, aseguramiento de bienes y control de recursos públicos. La atención debe concentrarse en los plazos de diez días hábiles de la FGR, los noventa días para reclamar bienes asegurados, el mes para contestar ante el IMPI y las fechas próximas de licitaciones. La revisión oportuna de expedientes, bases, constancias y notificaciones es indispensable para evitar pérdida de derechos, inhabilitaciones o responsabilidades administrativas.
