El Compendio Nacional de Insumos para la Salud se actualiza el 11 de noviembre. Revise medicamentos, compras y especificaciones técnicas.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 10 de noviembre de 2026 diversas disposiciones con efectos administrativos, procesales, sanitarios, contractuales y de contratación pública. Los cambios más relevantes establecen vigencias próximas, obligaciones con plazos expresos, restricciones para contratar con el sector público y consecuencias directas para procedimientos judiciales y administrativos.
Índice de contenidos
1. Nuevas obligaciones para la concesionaria del Recinto Portuario de Isla Mujeres
Área: Derecho administrativo, portuario y patrimonial
La Secretaría de Marina publicó el Sexto Addendum al título de concesión de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. El instrumento incorpora a la concesión el Recinto Portuario de Isla Mujeres, con una superficie total de 614,707.7567 m², integrada por áreas de agua y tierra.
La concesionaria deberá ajustar contraprestaciones, seguros y garantías; inscribir el addendum en los registros correspondientes; actualizar, en su caso, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, el Plan Operativo Anual y las Reglas de Operación; y obtener un avalúo del INDAABIN.
Fecha clave: las obligaciones registrales y de actualización señaladas en el addendum deben realizarse dentro de 90 días naturales contados a partir de la fecha del instrumento.
Recomendación: elaborar una matriz de cumplimiento que incluya registros, seguros, garantías, contraprestaciones, instrumentos de planeación portuaria y obligaciones derivadas de los convenios SOLAS, MARPOL y del Código PBIP.
2. Entra en vigor la actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud
Área: Derecho sanitario y contratación pública
El Consejo de Salubridad General actualizó el Compendio Nacional de Insumos para la Salud versión 2025. Se adicionaron y modificaron medicamentos, equipo médico, insumos de nutriología y fórmulas de alimentación especializada.
Entre los productos incorporados o modificados se encuentran iptacopan, tucatinib, atezolizumab, durvalumab, lanadelumab, semaglutida, alteplasa, tramadol/dexketoprofeno, sistemas de gestión de temperatura, sistemas de biopsia mamaria y fórmulas enterales especializadas.
Impacto: las instituciones públicas de salud deben revisar sus catálogos, procesos de compra, contratos de suministro, especificaciones técnicas y necesidades de abasto. La actualización del Compendio no sustituye las autorizaciones sanitarias individuales ni los requisitos regulatorios aplicables.
Fecha clave: el acuerdo entra en vigor el 11 de noviembre de 2026, al día siguiente de su publicación.
Recomendación: revisar inmediatamente las licitaciones, órdenes de compra, inventarios y contratos que utilicen claves o especificaciones modificadas.
3. La SCJN invalida disposiciones disciplinarias del Poder Judicial de Hidalgo
Área: Derecho constitucional y administrativo sancionador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo relacionadas con responsabilidades administrativas y disciplina judicial.
La Corte invalidó, entre otros aspectos:
La falta de clasificación entre conductas graves y no graves.
El apercibimiento privado o público como sanción.
La inhabilitación temporal sin parámetros mínimos y máximos.
La remisión de procedimientos y sanciones a acuerdos generales.
Una porción normativa relativa a reglamentos y acuerdos disciplinarios.
La sentencia reafirma que las faltas, sanciones, procedimientos, autoridades competentes y reglas de prescripción deben contar con fundamento constitucional y legal suficiente.
Efecto jurídico: las declaratorias de invalidez surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo.
Recomendación: las autoridades deben identificar los procedimientos en curso, sanciones pendientes, acuerdos generales utilizados como fundamento y resoluciones que todavía no hayan sido ejecutadas. No debe asumirse automáticamente que todos los procedimientos anteriores son nulos; cada expediente requiere revisión individual.
4. Nuevas autoridades deberán utilizar la interconexión digital del PJF
Área: Derecho procesal y gobierno digital
El Órgano de Administración Judicial incorporó diversas autoridades a los modelos de interconexión digital del Poder Judicial de la Federación. El listado incluye dependencias estatales, municipios, fiscalías, tribunales electorales, autoridades laborales, instituciones de salud y otros organismos públicos.
A partir de la fecha indicada, las autoridades deberán interactuar electrónicamente con los órganos jurisdiccionales mediante los perfiles y usuarios habilitados para:
Recibir notificaciones electrónicas.
Consultar expedientes.
Presentar promociones.
Utilizar servicios digitales jurisdiccionales.
Fecha clave: la incorporación surtirá efectos a partir del 13 de noviembre de 2026.
Recomendación: verificar antes de esa fecha la activación de usuarios, perfiles institucionales, firmas electrónicas, responsables de consulta y protocolos internos para revisar notificaciones.
La falta de consulta de un perfil institucional puede generar riesgos procesales y afectar el cómputo de plazos.
5. Inhabilitación de empresa para contratar con el sector público
Área: Derecho administrativo sancionador y contratación pública
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa comunicó la inhabilitación temporal de Soluciones Integrales Logísticas, Marítimas y Portuarias, S.A. de C.V., por un periodo de tres meses.
La sanción deriva de la comisión de una falta administrativa grave consistente en utilización de información falsa. Durante la inhabilitación, las dependencias y entidades deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa, directamente o por interpósita persona.
Fecha clave: los efectos comienzan el día siguiente a la publicación de la circular en el DOF.
Recomendación: las áreas contratantes deben revisar procedimientos en curso, propuestas conjuntas, consorcios, subcontrataciones y registros internos de proveedores. También deben documentar la verificación realizada antes de adjudicar o formalizar contratos.
6. Licitaciones con plazos reducidos y actos próximos
Área: Contratación pública y obra pública
La edición contiene numerosas convocatorias de dependencias federales, organismos autónomos, instituciones de salud, gobiernos estatales, CFE, PEMEX, IMSS, UNAM, Cámara de Senadores, FGR, CAPUFE y otras entidades.
Algunos procedimientos establecen:
Reducción de plazos.
Visitas obligatorias.
Juntas de aclaraciones en fechas próximas.
Presentación electrónica de propuestas.
Garantías de seriedad.
Requisitos financieros y fiscales.
Fechas próximas de apertura y fallo.
Entre los procedimientos que requieren revisión prioritaria se encuentran licitaciones de medicamentos, servicios hospitalarios, mantenimiento de infraestructura, procedimientos de CFE, concursos de PEMEX y licitaciones de obra de la UNAM.
Recomendación: cada participante debe preparar una ficha individual con:
Número de procedimiento.
Fecha de adquisición de bases.
Junta de aclaraciones.
Visita obligatoria.
Fecha y hora de presentación.
Garantías.
Requisitos legales, técnicos y financieros.
Medio electrónico o presencial.
Zona horaria aplicable.
Fecha del fallo.
La publicación del resumen no sustituye la revisión de las bases completas.
7. Corrección del número de una licitación del DIF Morelos
Área: Contratación pública
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos corrigió el número de una licitación publicada el 5 de noviembre de 2026.
Número anterior: LA-76-T42-917054986-N-1-2026.
Número correcto: LA-76-T42-917054986-N-11-2026.
La dependencia indicó que la demás información de la convocatoria permanece sin modificación.
Impacto: utilizar el número incorrecto en solicitudes, preguntas, propuestas, garantías o comunicaciones puede generar problemas de identificación dentro del procedimiento.
Recomendación: sustituir el número anterior en toda la documentación y confirmar que el registro en la plataforma de contratación corresponda al número corregido.
8. Rescisiones administrativas de contratos de obra del ISSSTE
Área: Derecho administrativo, obra pública y contratos
El ISSSTE publicó resoluciones que rescinden administrativamente dos contratos de obra pública por causas imputables a las empresas contratistas.
Los incumplimientos señalados incluyen:
Falta de ejecución conforme al programa.
Falta de fuerza de trabajo y materiales.
Desatención de órdenes de la residencia.
Interrupción y abandono de trabajos.
Falta de presentación de estimaciones.
Falta de amortización de anticipos.
Las resoluciones contemplan la elaboración y protocolización de los finiquitos y, en su caso, el reclamo de fianzas de cumplimiento y anticipo.
Fechas señaladas:
17 de noviembre de 2026: elaboración del finiquito.
26 de noviembre de 2026: protocolización del finiquito.
El ISSSTE informa que las resoluciones son recurribles conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Recomendación: las empresas deben revisar la fecha y forma de notificación, obtener el expediente administrativo, preparar la documentación sobre avances y estimaciones, comparecer a la elaboración del finiquito y analizar oportunamente el medio de defensa procedente.
No debe dejarse que el finiquito se formule únicamente con la información disponible para la autoridad si la empresa puede comparecer y aportar documentación.
Conclusión
La edición del DOF del 10 de noviembre de 2026 contiene cambios que requieren acciones concretas en materia portuaria, sanitaria, procesal, administrativa y de contratación pública. Las prioridades inmediatas son revisar las obligaciones con plazo de 90 días, preparar la entrada en vigor de la actualización sanitaria, habilitar la interconexión digital del PJF, verificar proveedores inhabilitados, revisar licitaciones próximas y atender las rescisiones administrativas del ISSSTE.
Los edictos judiciales y el emplazamiento en materia de propiedad intelectual requieren una revisión individualizada, porque sus plazos dependen de la última publicación y de la situación procesal de cada destinatario.
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