El DOF publica nuevos códigos de ética y conducta de CFE. Revise conflictos de interés, regalos, datos y obligaciones para proveedores y contratistas.
La edición del Diario Oficial de la Federación publicada el 20 de octubre de 2026 contiene disposiciones administrativas, presupuestarias, electorales y procesales con efectos inmediatos o con plazos próximos. Los asuntos más relevantes exigen actualizar procedimientos internos, atender obligaciones de comprobación, participar oportunamente en licitaciones o comparecer en juicios para evitar la pérdida de derechos.
Índice de contenidos
1. Nuevo formato obligatorio de referencia para inspecciones de inmuebles federales
Área: Administrativa y patrimonial.
El INDAABIN emitió el Criterio No. 01/2026, que establece un nuevo formato de acta administrativa de inspección y/o verificación. El modelo incorpora la orden de visita, identificación del verificador, testigos, documentos requeridos, fotografías, croquis, descripción del inmueble y manifestaciones de la persona visitada.
Fecha clave: Entra en vigor el 21 de octubre de 2026 y deja sin efectos el Criterio 01/2013.
Impacto: Las diligencias deben documentarse conforme a las formalidades de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La persona visitada conserva el derecho de formular observaciones y ofrecer pruebas dentro de los cinco días siguientes al levantamiento del acta.
Recomendación: Las dependencias deben retirar el formato anterior, capacitar a sus verificadores y revisar que cada diligencia contenga orden, notificación, identificación, testigos y anexos completos.
2. Reorganización de facultades de la ASEA en el sector hidrocarburos
Área: Ambiental, energética y administrativa.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos abrogó el acuerdo delegatorio publicado el 24 de diciembre de 2025. Las facultades que habían sido delegadas ya se encuentran previstas en el Reglamento Interior de la Agencia y en otros instrumentos vigentes.
Fecha clave: La abrogación surte efectos el 21 de octubre de 2026.
Impacto: Las empresas reguladas deben verificar la competencia de la autoridad que emita órdenes de inspección, requerimientos, actos de vigilancia o resoluciones sancionadoras.
Recomendación: Revisa los procedimientos ambientales y de seguridad industrial en curso, identifica la unidad administrativa competente y verifica que los actos de autoridad estén debidamente fundados.
3. Nuevo Código de Conducta de la SICT
Área: Administrativa y responsabilidades administrativas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un nuevo Código de Conducta que regula conflictos de interés, uso de recursos públicos, integridad en contrataciones, austeridad, denuncias y obligaciones éticas del personal.
Fecha clave: Entra en vigor el 21 de octubre de 2026.
Impacto: El incumplimiento puede vincularse con investigaciones y responsabilidades administrativas, especialmente en contrataciones, manejo de recursos, recepción de regalos y toma de decisiones con intereses personales o familiares.
Recomendación: Actualiza manuales internos, matrices de conflicto de intereses, protocolos de denuncia y programas de capacitación. Las denuncias iniciadas antes de la entrada en vigor se tramitarán conforme a las disposiciones aplicables al momento de su presentación.
4. Se dejan sin efectos la multa e inhabilitación impuestas a Geosa
Área: Contratación pública y derecho administrativo sancionador.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comunicó el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que anuló la sanción impuesta a Geosa Geología, Geotecnia y Obras Subterráneas, S. de R.L. de C.V.
La sanción anulada incluía:
Multa de $315,370.00.
Inhabilitación por seis meses.
Registro en CompraNet.
Prohibición para aceptar propuestas o celebrar contratos públicos.
Impacto: Las dependencias no deben continuar aplicando los efectos de la resolución anulada ni considerar vigente la restricción contractual derivada de ella.
Recomendación: Las áreas contratantes deben actualizar sus registros de proveedores impedidos y revisar si algún procedimiento fue afectado por la sanción posteriormente anulada.
5. San Luis Potosí deberá comprobar recursos federales de salud por más de 228 millones de pesos
Área: Presupuestaria, sanitaria y fiscalización.
El Segundo Convenio Modificatorio celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí contempla recursos e insumos por $228,827,178.99, distribuidos de la siguiente forma:
Recursos presupuestarios federales: $40,463,258.13.
Insumos federales: $188,363,920.86.
Los recursos se destinan a vacunación, VIH, hepatitis C, salud sexual y reproductiva, salud materna, cáncer, dengue, vigilancia epidemiológica y otros programas.
Fecha clave: El convenio permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Impacto: La entidad debe separar contablemente los recursos presupuestarios, insumos, donativos y bienes provenientes de otras fuentes. Las deficiencias de comprobación pueden generar observaciones, reintegros y responsabilidades.
Recomendación: Integra desde ahora los expedientes de ministración, recepción, distribución, inventario, comprobación e indicadores de resultados.
6. Baja California debe cerrar correctamente el Programa de Apoyo al Empleo 2026
Área: Laboral, administrativa y presupuestaria.
El convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Baja California contempla:
Aportación federal: $7,024,830.67.
Aportación estatal: $23,071,249.64.
Recursos totales: $30,096,080.31.
Los recursos deben destinarse a la operación de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, consejeros laborales, ferias de empleo y programas complementarios.
Fecha clave: Los recursos estatales deben ejercerse conforme a la programación anual y quedar comprobados durante el ejercicio fiscal 2026.
Impacto: El uso distinto de los recursos o el incumplimiento de obligaciones puede provocar la rescisión del convenio, suspensión de ministraciones y responsabilidades administrativas.
Recomendación: Realiza una conciliación presupuestaria, revisa contratos del personal, valida comprobantes y prepara el cierre y eventual reintegro de recursos no devengados.
7. Nuevos códigos de ética y conducta de la CFE
Área: Anticorrupción, administrativa, laboral y cumplimiento normativo.
La CFE publicó un nuevo Código de Ética y un nuevo Código de Conducta aplicables a su personal, empresas filiales, prestadores de servicios, practicantes y terceros vinculados con sus actividades.
Los instrumentos regulan:
Conflictos de intereses.
Regalos y dádivas.
Corrupción y pagos indebidos.
Contrataciones públicas.
Protección de datos personales.
Acoso y hostigamiento sexual.
No discriminación.
Sostenibilidad.
Relaciones con proveedores.
Uso de recursos institucionales.
Fecha clave: El Código de Conducta entra en vigor al día siguiente de su publicación. El Código de Ética requiere su aprobación y publicación en la Normateca Institucional.
Impacto: Las conductas previstas pueden ser utilizadas como parámetro para investigaciones internas, auditorías, procedimientos de responsabilidad y medidas disciplinarias.
Recomendación: Actualiza los controles de integridad, capacita al personal, revisa contratos con proveedores y establece mecanismos documentados para declarar y gestionar conflictos de intereses.
8. El INE implementará el voto anticipado para personas con discapacidad y cuidadoras primarias
Área: Electoral y constitucional.
El INE aprobó el modelo de operación del voto anticipado para el proceso electoral concurrente 2026-2027. La modalidad se dirigirá a personas con discapacidad imposibilitadas para acudir a una casilla y a personas cuidadoras primarias que enfrenten barreras para votar.
Fechas clave:
Lineamientos de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado: 31 de octubre de 2026.
Credencialización para los supuestos previstos: 28 de enero de 2027.
Materiales de capacitación: 31 de enero de 2027.
Impacto: El acuerdo desarrolla una medida de accesibilidad y progresividad del derecho al voto, vinculada con la sentencia SUP-JDC-639/2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recomendación: Las autoridades electorales deben coordinar la difusión, inscripción, protección de datos sensibles, producción de boletas y capacitación de las mesas de escrutinio.
9. Licitaciones públicas con plazos reducidos y fechas próximas
Área: Contratación pública y mercantil.
La edición contiene convocatorias de CFE, PEMEX, IMSS, FGR, CNDH, Banco de México, universidades, gobiernos estatales y municipios.
Algunos procedimientos tienen fechas próximas para:
Manifestar interés.
Adquirir bases.
Formular solicitudes de aclaración.
Participar en juntas.
Presentar proposiciones.
Presentar garantías.
Firmar contratos.
Entre los procedimientos más sensibles se encuentran los de CFE y PEMEX, debido a que varios tienen manifestaciones de interés entre el 21 y el 23 de octubre de 2026 y presentación de propuestas entre el 26 y el 30 de octubre.
Impacto: La presentación extemporánea o la omisión de un requisito técnico, administrativo o electrónico puede ocasionar el desechamiento de la propuesta o impedir la participación.
Recomendación: Verifica inmediatamente la convocatoria completa, las bases y los anexos técnicos. Confirma la vigencia de la e.firma, el registro en la plataforma correspondiente, las garantías y las declaraciones de no impedimento.
10. Edictos de amparo: comparecencia de terceros interesados
Área: Procesal constitucional, civil, penal y laboral.
Se publicaron diversos edictos para emplazar a terceros interesados en juicios de amparo. Los plazos indicados varían entre 15 y 30 días, según cada expediente.
Impacto: La falta de comparecencia puede provocar que las notificaciones posteriores se practiquen por lista y que se pierda la oportunidad de presentar alegatos, pruebas o amparo adhesivo.
Recomendación: Identifica la fecha de la última publicación, solicita copia de la demanda y del auto admisorio, calcula el plazo aplicable y comparece ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Si el plazo calculado con la fecha actual ya venció, no debe asumirse que la comparecencia ordinaria continúa disponible. Debe revisarse el expediente y, en su caso, evaluar únicamente los medios procesales todavía procedentes.
11. Edictos de extinción de dominio: riesgo de pérdida de bienes
Área: Penal patrimonial y procesal.
Se publicaron edictos relacionados con vehículos, numerario, cuentas bancarias, semirremolques e inmuebles sujetos a diversos juicios de extinción de dominio.
El plazo ordinario señalado es de 30 días hábiles a partir de que surta efectos la publicación del último edicto.
Impacto: La falta de comparecencia puede producir la preclusión de derechos dentro del juicio y permitir que el procedimiento continúe respecto de bienes sujetos a aseguramiento precautorio.
Recomendación: Las personas afectadas deben reunir inmediatamente escrituras, facturas, contratos, registros, comprobantes bancarios y documentación que acredite la propiedad, posesión y procedencia lícita de los bienes.
12. Edictos del TFJA en asuntos fiscales, laborales, marcarios y de aguas
Área: Procesal administrativo y fiscal.
El TFJA publicó edictos para llamar a terceros interesados en asuntos relacionados con:
Registros marcarios.
Créditos fiscales.
Reparto de utilidades.
Relaciones laborales.
Transmisión de títulos de concesión de aguas nacionales.
El plazo señalado generalmente es de 30 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la última publicación.
Impacto: La incomparecencia puede impedir la defensa de derechos frente a resoluciones administrativas, créditos fiscales, controversias laborales o actos relacionados con propiedad industrial y concesiones.
Recomendación: Revisa el expediente, acredita personalidad e interés jurídico, señala domicilio y correo procesal y presenta oportunamente las pruebas y argumentos correspondientes.
Conclusión
La edición del DOF del 20 de octubre de 2026 contiene cambios que requieren acciones inmediatas en tres frentes principales: actualización normativa interna, control y comprobación de recursos públicos, y atención de plazos procesales o de contratación pública.
La prioridad debe centrarse en los edictos de amparo, extinción de dominio y TFJA; en los convenios con recursos sujetos a cierre fiscal; en las licitaciones con plazos reducidos; y en la actualización de formatos y códigos de conducta que ya entraron o están por entrar en vigor.
Antes de ejecutar cualquier actuación, debe confirmarse la fecha vigente, la fecha de la última publicación o notificación y si el plazo procesal o administrativo continúa abierto. Los plazos vencidos deben descartarse y sustituirse por el medio de defensa o actuación que, en su caso, aún resulte legalmente procedente.
